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Parecía que vivía una pesadilla pero, en un abrir y cerrar de ojos, su vida ha vuelto a dar un giro de 180 grados para volver a la rutina, como si nada hubiera pasado. Nos referimos a Ángel Carromero, dirigente de Nuevas Generaciones del PP que fue condenado en Cuba a cuatro años de prisión tras un accidente de tráfico que acabó con la vida de dos opositores al régimen. Los acuerdos entre los dos países permitieron que fuera extraditado, aunque Carromero solo ha durado 13 días en la cárcel en España y desde este lunes ya trabaja como un español más. Bueno, como un español más no. Su sueldo: 50.500 euros brutos anuales.
Ese es la retribución que Carromero recibe por ser consejero técnico de una concejala del distrito de Moratalaz, en el Ayuntamiento de Madrid. El montante, tal y como están las cosas hoy en día en España, no ha pasado desapercibido en la ciudad: “Es un abuso desproporcionado”, opina Luis Miguel López-Reillo, secretario general de UGT en el Ayuntamiento de Madrid, que explica cómo es imposible tocar esta retribución ya que se trata de un cargo de confianza aprobado por el equipo de Gobierno “que tiene mayoría absoluta”.
¿Hace Carromero méritos para cobrar tanto?
En la teoría oficial, nuestro protagonista asesora a la concejala Begoña Larráinzar y tiene dos personas a su cargo. “En la práctica, la responsabilidad es prácticamente nula, porque a las Juntas de Distrito les han quitado casi todas las competencias y ahora se han convertido básicamente un buzón para el ciudadano”, detalla el secretario de UGT. No obstante, fuentes consultadas por El País contemplan que Carromero desempeñaba otras funciones durante su jornada laboral relacionadas con el PP, por lo que, de ser cierto, estaría cobrando dinero de los madrileños por un trabajo que no tendría que ver nada con la ciudad. “Sería un escándalo, pero no es algo que podamos saber ni demostrar porque no tiene asignado ningún tipo de tarea”, nos confiesa López-Reillo.
No obstante, lo que más indigna a la agrupación es que Carromero haya vuelto al trabajo sin pagar ningún precio político, como si nada hubiera pasado: “Es un agravio comparativo tremendo, porque si le ocurriera a un funcionario, habría sido suspendido y expedientado inmediatamente de empleo y sueldo; es algo que lesiona la imagen de cualquier administración”. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid consultadas por Yahoo! Noticias aseguran, no obstante, que Carromero no cobró ni un solo euro mientras estuvo en prisión, que estuvo suspendido de sus funciones y que ha recuperado su trabajo porque la propia sentencia judicial no lo impedía, además de respetar el reglamento de la función pública competente con su situación. “Eso es lo que nos han dicho verbalmente”, reconoce el secretario de UGT.
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