Si hay algo que puede de vaciar de contenido un proyecto democrático es la combinación entre abstencionismo electoral y el rechazo de los partidos políticos. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en Chile a partir del triunfo de Michelle Bachelet en un comicio en el cual quien verdaderamente arrasó fue el abstencionismo, que arañó el 59 por ciento del padrón electoral, mientras que Bachelet apenas obtuvo el apoyo de un 25 por ciento del mismo. No hace falta ser un Premio Nobel de Ciencia Política (plaga por ahora inexistente) para concluir que la democracia chilena enfrenta una grave crisis de legitimidad: la “antipolítica”, o sea, la indiferencia ciudadana ante el predominio indiscutido de los grandes intereses privados expresa, de manera categórica, el triunfo ideológico del neoliberalismo en un país en donde no sólo la economía tiene ese signo ideológico sino que también lo asume como su divisa una sociedad que lleva más de cuarenta años de indoctrinamiento en los valores más exacerbados del individualismo burgués.
La apatía ciudadana no es un capricho. Se explica por un hecho bien sencillo: una democracia que durante más de veinte años se desinteresó por la suerte de la ciudadanía (al paso que se desvivía por asegurar las ganancias de los capitalistas) al cabo de un cierto tiempo sólo podía cosechar apatía, desinterés y, en algunos casos, el abierto repudio de amplios sectores de la sociedad. No sorprende que la última encuesta de Latinobarómetro haya certificado que, interrogada sobre cuál es la forma preferible de gobierno, casi un tercio de la muestra entrevistada en Chile, exactamente el 31 por ciento, declarase preferir un gobierno autoritario o que “le da lo mismo” cualquier clase de régimen político. En Venezuela, en cambio, para tomar el caso de un gobierno ferozmente atacado por la prensa hegemónica en la región a causa de sus supuestos “déficits democráticos”, quienes contestan de la misma manera constituyen apenas el 11 por ciento de los entrevistados. Y como asegura la teoría política, la calidad de una democracia se mide, entre otras cosas, por las creencias políticas de sus ciudadanos. No es este el único indicador en el cual la Venezuela bolivariana supera a casi todos los países de la región, comenzando por Chile.
El triunfo del neoliberalismo y la exaltación de los valores mercantiles se traduce naturalmente en la derrota de la política a manos del mercado; del espacio público subyugado por la esfera de lo privado, dominada por las grandes empresas. A lo anterior súmesele la preocupante declaración que hiciera Bachelet al día siguiente de su victoria cuando dijera (tal como lo reprodujera Página/12 en su edición del 17 de Diciembre) que “las decisiones las voy a tomar yo, no sólo del gabinete. La coalición que me apoya es una cosa, la constitución del gobierno yo la voy a decidir.” En otras palabras el peor de los mundos: apatía ciudadana combinada con la desmovilización, o marginación de los partidos políticos y, por añadidura, de movimientos sociales u otras formas de organización, que son la expresión de las aspiraciones, expectativas e intereses de las clases y capas sociales que componen la sociedad chilena. ¿Creerá acaso la futura presidenta que de ese modo podrá avanzar en la reforma de la antidemocrática constitución pinochetista, el regresivo régimen tributario y la educación convertida en un negocio que ofrece pingües ganancias a los empresarios que lucran con ella, para ni hablar de derogar la decimonónica y reaccionaria legislación laboral que todavía subsiste en Chile? Sin una población re-politizada (como supo ser la del Chile de Salvador Allende) y sin partidos políticos y movimientos sociales que canalicen y potencien las aspiraciones populares la democracia chilena continuará siendo fácil presa de las clases dominantes, de los grandes empresarios que desde dentro y fuera de Chile han venido controlando el estado y los sucesivos gobiernos desde el golpe del 11 de Septiembre de 1973.
Convendría que, habida cuenta de lo anterior, Bachelet reflexionara sobre lo que más de una vez sentenciara George Soros: “los ciudadanos votan cada dos años, los mercados votan todos los días.” Controlar ese nefasto influjo cotidiano de los mercados –eufemismo para no designar por su nombre al gran capital- será una misión imposible sin sortear la trampa de la “antipolítica” y sin garantizar que los partidos, sobre todos los de izquierda, jueguen un papel protagónico en su gobierno. De lo contrario, el tránsito desde esa frágil democracia sin ciudadanos hacia una plutocracia desenfrenada será tan acelerado como inevitable.
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