miércoles, 17 de septiembre de 2014

La injusticia de la dependencia

Alberto Híjar Serrano
Poca difusión tiene el informe “Fuera de control: tortura y malos tratos en México” de Amnistía Internacional fechado el 4 de septiembre. Las conclusiones advierten el incremento de la tortura y los malos tratos a la par de la militarización del país. Son frecuentes las denuncias de confesiones inculpatorias forzadas, de siembra de pruebas, de encarcelamiento de inocentes que se resistieron a arbitrariedades policiacas donde los culpables acusan a la víctima y logran su encarcelamiento con la complicidad de ministerios públicos y jueces venales. El informe señala como recurrente la detención arbitraria, sin orden de aprehensión ni flagrancia, para luego incluir en la investigación pruebas fabricadas y delitos que a la larga pueden ser disueltos. El arraigo ya prohibido, es práctica habitual en lugares clandestinos. Todo sin presencia de defensor alguno ni atención médica ni orden del juez para atender e investigar la tortura. La negativa de excluir pruebas ilícitas es uso y costumbre y parece que más vale callar las arbitrariedades policiacas y militares porque la inculpación injusta puede ser definitiva.
La impunidad es uso y costumbre hasta el punto de que el hoy Presidente de la República empezó su campaña con una declaración pública de autoelogio por ordenar los crímenes contra Atenco. Abundaron entonces las violaciones sexuales con la novedad de su ejecución en los transportes de inocentes y maltratados manifestantes conducidos en montón al penal de Almoloyita. Algunas mujeres denunciaron en vano, las internacionalistas fueron expulsadas del país, los hombres no se atrevieron a narrar su forzamiento al sexo oral. La impunidad llegó al extremo de atribuirle a los criminales un delito menor por el que el gobierno del Estado de México pagó las fianzas de quienes regresaron a su empleo. El Movimiento 132 no fue suficiente para insistir en el castigo a los culpables, incluyendo a los autores intelectuales principales. Monte Rubido, ejecutor de la brutal represión contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, hoy ocupa un cargo principal federal en la seguridad del Estado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cuenta. En 2013 recibió 3842 quejas y sólo emitió 35 recomendaciones. Amnistía Internacional documenta numerosos casos en los que se cierra la investigación y se niega a las víctimas el acceso al expediente “por el contrario -dice AI- (la CNDH) anima a los miembros de la policía, la marina y el ejército, a que contacten a las victimas directamente a veces acompañados por funcionarios de la Comisión antes del proceso, para ofrecer una indemnización económica”. Esta intimidación y amenaza obliga a recibir la propina para no sufrir la misma suerte de la víctima. El mismo sentido tiene el ofrecimiento de terapia psicológica por militares especialistas instalados en una base militar. Perseo Quiróz, el joven director de AI México, enarboló el informe “Fuera de control” con Yuli Baltazar, sobreviviente de la tortura agravada por su bella piel de mulata. Discriminación, impunidad y complicidad de todos los niveles de la injusticia de Estado, no tienen remedio: en 2003 la CNDH reportó 219 quejas por tortura, en 2013 recibió 1505. La mayoría de las víctimas prefiere sufrir el terror de Estado sin atreverse a la denuncia.
Todo bajo control del Estado. La forzada militarización del país, la exaltación propagandística de las fuerzas armadas, la prepotencia de los contratistas funcionarios en todo iguales a los lectores de noticias por televisión y radio, convocan a la criminalización de los justos, callan la tragedia de los familiares de asesinados y desaparecidos y aplauden la represión por grupos policiacos y paramilitares. En Michoacán, Guerrero y Chiapas, el terrorismo de Estado se agravó a raíz de la oficialización de bandas criminales orientadas a liquidar la resistencia organizada y la autodefensa.
La Asociación Americana (sic) de Correccionales, AKA in english, interviene ahora en el diseño y en la reorganización de las existentes. Ante esto, 50 mujeres del Penal de Atlacholoaya, se declararon en huelga de hambre por la prohibición de tener libros y todo aquello que les permita saber del mundo de fuera. “Hermanas en la sombra”, un colectivo de antropólogas, advierte la injerencia yanqui para liquidar del todo el carácter correccional de las prisiones para imponer el terror en ellas. “Universidades del crimen”, se llama en lenguaje coloquial a las prisiones porque direcciones, custodios, servicios médicos y sistemas de control por las mafias y los sicarios capaces de asesinar como garantía de comer, dormir bien y no hacer fajina en los escusados, forman un sistema con apariencia de orden. Vale recordar mi despedida nocturna de Lecumberri en febrero de 1974 con mis por mí desconocidos compañeros de las Fuerzas de Liberación Nacional de Monterrey, puestos a trapear conmigo a rodilla y entre golpes y cubetazos de agua helada todos los patios. Si hubo visitas al día siguiente, se habrán asombrado de lo limpio de la prisión. 16 penales federales y 6 estatales, la correccional llamada tutelar de Tlalpan en el Distrito Federal donde el adolescente José Revueltas sufrió su primera prisión por vocear El Machete, son orientadas al orden brutalmente represivo de las prisiones yanquis de total aislamiento, represión sin descanso con trabajos forzados, maltratos y extorsiones que alcanzan a los familiares, al estilo norteamericano.
El Estado sabe que hay que hacer más prisiones como la que el año próximo inaugurará el dizque revolucionario y democrático gobierno de la capital de México. Todo a la manera del sistema con más prisioneros en el mundo, Estados Unidos que cuenta 2 millones y 5 millones libres bajo fianza, además de las muy ilegales cárceles clandestinas como Abu Ghraib a cargo de militares educados para odiar a los que no comparten simulaciones electorales, contratos y exterminan la vida de ríos, playas y bosques e imponen reformas legalizadoras de la explotación extrema del campo y la ciudad. La injusticia es la esencia del Estado depredador.
Numerosas organizaciones de familiares de desaparecidos, asesinados y presos sin razón, trabajan esforzadamente y entre ellas, Fuentes Rojas distribuye nombres y situación de las víctimas, incluyendo empleados del Estado, para bordar su memoria en pañuelos cuadrados exhibidos en plazas públicas gracias al trabajo solidario extendido hasta Europa, África, toda América, Australia. Crece la solidaridad internacionalista con México pero crece a la par con mucho dinero y poder la Iniciativa Mérida.   

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