“Hay que hacer más para detener la caída de Venezuela en un mayor despotismo o en la anarquía. El gobierno de Obama debe agregar más nombres a la lista de sanciones a violadores de los derechos humanos, incluyendo a quienes participaron en el juicio de Leopoldo López”, escribió en artículo publicado por “El Nuevo Herald”.
En sus palabras, Ileana Ross reconoció que factores de la derecha habrían solicitado "desde hace años" a los EE.UU. la intervención en Venezuela.
A continuación el artículo completo publicado por la congresista:
Venezuela solía conmemorar el Día de la Juventud, el 12 de febrero, en reconocimiento a cientos de estudiantes que revirtieron el curso de la batalla de La Victoria contra las fuerzas españolas en 1812. Este feriado ha tomado un nuevo significado desde febrero de 2014 cuando, inspirados por ese suceso histórico, miles de estudiantes tomaron las calles en manifestaciones pacíficas contra el régimen de Maduro.
Demandando reformas democráticas y medidas para hacer frente a la crisis económica, los estudiantes fueron reprimidos severamente por el aparato de seguridad del Estado. Miembros de la Guardia Nacional, junto a colectivos apoyados por el régimen, dispararon frecuentemente a los manifestantes con munición de guerra en una ofensiva dirigida por el Estado para silenciar a los opositores.
Más de cuarenta personas perdieron sus vidas y miles de hombres y mujeres fueron arrestados bajo acusaciones falsas. Entre los detenidos estuvieron líderes políticos como Leopoldo López, y también líderes estudiantiles como Gabriel Valles y Lorent Saleh, que hasta este día languidecen en las prisiones inhumanas del régimen de Maduro.
Estos manifestantes crearon fisuras en la coraza del régimen que la oposición aprovechó. En las elecciones legislativas de 2015, la Mesa de la Unidad Democrática luchó exitosamente contra las prácticas engañosas del tribunal electoral politizado y parcializado de Maduro.
Lo que parecía extremadamente difícil cuando las protestas comenzaron se transformó en un hecho consumado cuando los resultados de las elecciones parlamentarias fueron anunciados. La oposición ganó 112 escaños en la Asamblea Nacional, una mayoría calificada capaz de anular vetos, enmendar la Constitución, interpelar ministros y la opción decisiva de convocar una asamblea nacional constituyente.
A pesar de los grandes pasos hacia la democracia desde la elección, como la elección del primer legislador transgénero de América Latina, la Asamblea juramentada en enero fue inmediatamente menoscabada por el Tribunal Supremo de Justicia afín al régimen. Al suspender a tres diputados opositores por medio de una impugnación, el régimen mostró su voluntad de participar en un riesgoso choque constitucional que probablemente dure varios meses.
Un área que se ha transformado en un punto de contención este año ha sido el manejo de la economía. Venezuela se enfrenta a una crisis de liquidez tras la caída de los precios internacionales del petróleo, una tasa de inflación estimada por el Fondo Monetario Internacional de 720% para 2016, junto a controles de cambio opresivos que amenazan a un sector privado en terapia intensiva.
Mientras la nueva Asamblea afirma su rol de supervisión, hemos visto un intento del máximo tribunal de usurpar las facultades de decisión de la Asamblea mediante la aprobación inconstitucional de un desacertado decreto de emergencia económica rechazado por la Asamblea. Al rechazar la voluntad electoral del pueblo venezolano e ignorar los fundamentos de la política macroeconómica, Maduro está hundiendo la economía en un océano deficitario y condenando a los venezolanos a más filas y más escasez de productos básicos.
Pero no es suficiente. Hay que hacer más para detener la caída de Venezuela en un mayor despotismo o en la anarquía. El gobierno de Obama debe agregar más nombres a la lista de sanciones a violadores de los derechos humanos, incluyendo a quienes participaron en el juicio de Leopoldo López. El año pasado encabecé una carta a la Administración firmada por más de 20 congresistas de ambos partidos, solicitando sanciones para el fiscal, la jueza y otros funcionarios implicados en la farsa judicial que fue el juicio de Leopoldo López.
Hay que implementar más medidas para apoyar a los nuevos legisladores, de manera que consigan soluciones constructivas y constitucionales a los 17 años de violaciones a los derechos humanos y políticas sin sentido, que destruyeron la economía de Venezuela y amenazan con destruir su sociedad.
Venezuela se enfrenta a una encrucijada que ningún otro país latinoamericano afronta. El futuro de nuestras relaciones con el régimen que suceda al actual en Venezuela debe ser dirigido por un fuerte compromiso con instituciones que fomenten la democracia y la defensa de los derechos humanos.
Si Estados Unidos busca deshacerse de la imagen dañina de abandono benévolo en nuestro Hemisferio, debe comenzar por ayudar a Venezuela en su momento difícil y levantar al pueblo de Venezuela una vez que la encrucijada actual termine.
(LaIguana.TV)
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