Salvador Capote
El profesor Martin Garbus, uno de los más prestigiosos juristas
estadounidenses, integrante del equipo de defensa de los patriotas cubanos encarcelados
en Estados Unidos, y sus colegas Tom Goldstein y Richard Klugh, presentaron recientemente
una moción ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, a nombre de Gerardo
Hernández Nordelo –uno de los Cinco- , con el fin de obtener la orden pertinente
para que el gobierno entregue documentos que obran en su poder y que se negó a
divulgar durante el proceso judicial.
La moción forma parte de la apelación colateral iniciada
en junio de 2010, basada en el derecho que tienen sus defendidos de conocer el
alcance de la campaña de publicidad negativa contra ellos financiada por el
gobierno para asegurar que fuesen declarados culpables. Involucrados en la
cobertura incendiaria pagada por el gobierno antes, durante y después del
juicio contra los Cinco, se encuentran 84 periodistas, locutores y
comentaristas de varios órganos de la prensa escrita, siete canales de
televisión y 13 estaciones de radio. (1)
En enero de 2009, el Comité Nacional por la Libertad de
los Cinco, basándose en la Ley de Libertad de Información (“Freedom of
Information Act, FOIA”) solicitó al Buró de Gobernadores de Transmisiones
(“Broadcasting Board of Governors, BBG”), agencia oficial de propaganda del
gobierno, y a su Oficina de
Transmisiones a Cuba (“Office of Cuba Broadcasting, OCB”) información sobre los
pagos realizados a periodistas de Miami
creadores de una atmósfera envenenada que impidió la realización de un juicio justo
en esta ciudad. (2)
Varios meses más tarde, la OCB entregó muy limitada información preliminar sobre
pagos realizados a algunos de estos periodistas. Desde entonces, la agencia se
ha negado a liberar toda la información que posee sobre los contratos suscritos
con la prensa de Miami, en particular los anteriores a 1999, de vital
importancia para la defensa de Gerardo.
No obstante, el esfuerzo realizado durante varios años por
el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, y la Sociedad para la
Fundación de la Justicia Civil, logró poner al descubierto una cantidad impresionante
de materiales probatorios de esta operación gubernamental. El periódico
“Liberation” ha publicado hasta ahora más de 2,200 páginas de contratos entre
periodistas de Miami y Radio-TV Martí (3). Aunque estos documentos constituyen sólo
una parte minúscula de los que la OCB se niega a liberar, constituyen prueba suficiente
de que el gobierno que juzgó a los Cinco pagaba al mismo tiempo a los
periodistas que creaban la atmósfera que hacía inevitable la condena.
En el periodo que va desde el 27 de noviembre del año
2000 hasta el 8 de junio de 2001, que corresponde al tiempo transcurrido desde
el inicio del proceso contra los Cinco hasta que fueron considerados culpables por
el jurado, el Nuevo Herald publicó 806 artículos, y “The Miami Herald” 305, que
podían influir negativamente en el proceso judicial (4). Esta sobresaturación
de la prensa creando un clima hostil contra los Cinco debería bastar para que
el sistema judicial de Estados Unidos declarase nulo un juicio que nunca debió realizarse
en Miami.
FOIA es una ley federal que permite solicitar información
al gobierno acerca de sus acciones. El gobierno está obligado a entregar toda
la información requerida siempre que no esté clasificada o, por ley, exenta de
divulgación. Está en vigor desde 1967 pero ha sufrido modificaciones a través
de los años, sobretodo a partir de 1982. Con la escalada de guerras de agresión,
operaciones encubiertas, programas de entrenamiento en técnicas represivas
(Escuela de las Américas), apoyo a dictadores latinoamericanos, golpes de
estado, asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, prisiones clandestinas,
torturas de prisioneros etc., la necesidad de sucesivas administraciones norteamericanas
de mantener secretas sus acciones dieron por resultado varias enmiendas y
órdenes ejecutivas que mellaron casi completamente el filo de esta ley, incluyendo
la Orden Ejecutiva de 2009 del presidente Obama, aberración jurídica que permite
reclasificar retroactivamente documentos que estén ya en trámite de entrega.
Numerosas operaciones encubiertas y los documentos relacionados
con ellas permanecen total o parcialmente en secreto. Mencionaré entre las principales
el derrocamiento de gobiernos electos democráticamente como los de Guatemala e Irán
en la década de los 50, el financiamiento de partidos políticos pro-USA en
Europa, la invasión a Cuba por Playa Girón en 1961, el golpe de estado de
Augusto Pinochet en 1973, las operaciones militares secretas en Vietnam, Cambodia
y Laos -financiadas con el tráfico de heroína- y la guerra sucia contra Nicaragua en los 80.
Mantener a toda costa el secreto de sus acciones tomó carácter
obsesivo en las administraciones republicanas.
Al término del mandato del presidente Ronald Reagan permanecían clasificados
cerca de 7 millones de documentos. Pero el delirio del secretismo alcanzó su clímax
con George W. Bush. Sólo en 2004, su administración clasificó 15.6 millones de
documentos a un costo de 7.2 billones de dólares. Inventó, además, nuevas categorías
de clasificación y mediante una orden ejecutiva selló todos los archivos presidenciales
a partir de 1980. (5)
Durante la administración Bush-Cheney la tasa de clasificación
de documentos aumentó en un 75 %. En 2005, porcada $1 gastado en desclasificar viejos
secretos, las agencias federales gastaron $148 creando y almacenando otros nuevos
(6). Por otra parte, una directiva interna del Fiscal General John Ashcroft de
12 de octubre de 2001 convirtió las solicitudes al FOIA en procesos extremadamente
lentos, difíciles y costosos.
El secretismo ha servido para manipular a la opinión pública,
impedir el análisis crítico tanto de la política interna como exterior del país
y ocultar los errores y actos ilegales de los funcionarios del gobierno.
También se ha utilizado con frecuencia contra opositores domésticos. Si mucho
tienen que clasificar es porque tienen mucho que ocultar. No son extraños, por tanto,
los obstáculos impuestos por la OCB a las solicitudes de información del Comité
Nacional por la Libertad de los Cinco.
Pero el ocultamiento de evidencias que atañen al juicio
contra los cinco patriotas cubanos abarca mucho más que documentos escritos. La
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) solicitó en 1996 al
gobierno de Estados Unidos que mostrase las imágenes satelitales que posee y
que demostrarían que las avionetas de Hermanos al Rescate violaban la soberanía
de Cuba y que fueron derribadas en el espacio aéreo cubano. La solicitud fue rechazada.
Tanto en el juicio como en los dieciséis años transcurridos, el gobierno de
Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a mostrar las imágenes del satélite,
ocultando de este modo una prueba decisiva que anularía los cargos y las sentencias
impuestas a Gerardo y a sus compañeros(7).
El gobierno de Estados Unidos no permitió, además, la
presentación por la defensa de los númerosos testigos y
abundantes pruebas de las acciones terroristas realizadas contra Cuba. Esta información
era crucial para la defensa porque evidenciaba que el objetivo de los Cinco no era
otro que el de monitorear a las organizaciones mafiosas de Miami con el fin de
impedir acciones hostiles contra su patria.
El secretismo culpable se completa con el muro de
silencio mediático en torno a los Cinco. Durante el juicio, y en los meses anteriores
y posteriores a éste, la histeria de los medios de Miami, alimentada con fondos
federales, logró crear lo que en Estados Unidos llaman un “jurado de
linchamiento”, mientras el resto del país ignoraba completamente lo que sucedía
en esta ciudad. Consumado el crimen, una férrea censura impide que el pueblo
estadounidense conozca la verdad. Pero somos ya millones en el mundo los que tenemos
como cuestión de honor y de principios el mantener contra la infamia una denuncia
universal y permanente.
(1) Prensa Latina, 13 de junio de 2010.
(2) Gloria la Riva, National Press Club, Washington, DC.,
June 2, 2010.
(3) El BBG –agenciagubernamental- ysu “Office of Cuba Broadcasting, OCB”,
operan Radio y TV Martí.
(4) Salvador Capote: “Los Cinco y la propaganda
encubierta”, Cubadebate, 2 de diciembre de 2009.
(5) J. R. Norton: “Saving General Washington”, Penguin,
N.Y., 2006, pp. 71-72.
(6) Mark Green: “Losing Our Democracy”, Sourcebooks Inc.,
2006, p. 265.
(7) Ricardo Alarcón: “La verdadsecuestrada”,
Cubadebate, 20 de julio de 2011.
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