José SteinslegerEl presidente de Estados Unidos, Barack Obama, otorgó legitimidad a un gobierno latinoamericano derrocado por un golpe de Estado, y contrario a sus intereses. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, líder máximo de este gobierno, fue recibido por el Departamento de Estado en Washington. Y una organización desacreditada por su rancia tradición golpista, la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó el cuartelazo, pronunciándose a favor de Zelaya.
Algo no cierra. ¿A cuento de qué tanto frenesí democrático? Leer para creer: en Moscú, frente a un grupo de universitarios, Obama afirmó que su gobierno no señala a otros países quiénes deben ser sus gobernantes, y que no apoya a Zelaya por estar de acuerdo con él. “Lo hacemos –dijo– porque respetamos el principio universal de que los pueblos deben elegir sus propios líderes, coincidamos con ellos o no.” ¡Ay!…
Con argumentos muy bien documentados, varios comentaristas centraron sus análisis en el ethos por antonomasia: Estados Unidos urdió el golpe del 28 de junio en Tegucigalpa. La lectura simultánea de las luchas políticas internas de Washington, y las de Honduras, permiten concluir que, en efecto, los gringos sabían.
El economista hondureño Miguel Cáceres Rivera da cuenta de una reunión en la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, celebrada la noche del 21 de junio, y auspiciada por el anfitrión Hugo Llorens (La Prensa, Tegucigalpa, 22/6/09).
¿Quién es el embajador Llorens? Nombrado por el gobierno de George W. Bush (abril de 2008), fue consejero para asuntos económicos en Honduras y Bolivia, agregado comercial en Paraguay, coordinador de asuntos para el narcotráfico en El Salvador y funcionario consular en Filipinas.
Cáceres apunta: De 2002 a 2003, años del golpe de estado y golpe petrolero en Venezuela, el embajador Llorens ostentó el cargo de Asuntos Andinos del Consejo Nacional de Seguridad, siendo el principal asistente del presidente Bush y del director del Consejo sobre asuntos relacionados con Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador.
En la reunión de marras participaron el presidente Zelaya, el actual monigote golpista Roberto Micheletti, el liberal Elvin Santos, el ex candidato presidencial Porfirio Lobo Sosa (conservador) y el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto.
Punto único de la agenda: que Zelaya desistiera de la encuesta destinada a indagar entre los hondureños la modificación de algunas leyes constitucionales calificadas de pétreas. Zelaya se negó. Como es sabido, el general Vásquez secuestró las urnas, y el jueves 25 el presidente convocó al pueblo y recuperó el material electoral de una base militar.
Abortado el golpe técnico, el diario El Tiempo de Honduras publicó la noticia con un titular maravilloso: “Militares y hasta Hillary Clinton habrían evitado el golpe a Mel” (apodo popular de Zelaya). Es decir, que el golpe se iba a efectuar el jueves 25, no el domingo 28. Un golpe que, al parecer, habría sido causa de agrias disputas en Washington.
¿Qué sectores intervinieron en el golpe? Desde su conversión en enclave de la United Fruit Company (UFC, 1899-1970), Honduras y las naciones de América Central merecieron el despectivo mote de repúblicas bananeras, expresión acuñada por O. Henry (seudónimo del popular escritor William Sydney Porter, 1862-1910) en el libro de relatos Cabbages and Kings, ambientados en el puerto hondureño de Trujillo.
La primera importación de banano hondureño a Estados Unidos (1902) se dio en un marco jurídico semicolonial, administrado por una suerte de burguesía consular, ligada al sector terrateniente. El sociólogo brasileño Helio Jaguaribe diferenciaba esta burguesía de la nacional (empresarial, industrial, urbana).
En la segunda mitad del siglo pasado, la economía hondureña dejó de ser meramente bananera, y la minería cobró cierto auge. La UFC fue comprada en 1969 por Zapata Corporation (empresa petrolera de los Bush) y en 1984 cambió su desprestigiado nombre por United Brands, conocida hoy como Chiquita Brands.
Sin una burguesía propiamente dicha, Honduras apenas consigue sostenerse con el sector de maquila y el agroindustrial, las remesas de los inmigrantes, la cooperación externa, la ayuda financiera, y el arrendamiento del territorio para bases militares del Pentágono. Mas poco y nada se habla del lavado de dinero, así como de los empresarios, políticos y militares coludidos con el narcotráfico.
¿Qué otro sector de una nación paupérrima podría tener un poder económico y político capaz de desafiar a Wahington, las Naciones Unidas, el Vaticano, la Unión Europea, y el conjunto de los países de la OEA? ¿Un régimen narcomilitar como el de Myanmar en América Central?
Es una hipótesis. Aunque sin ella, el súbito desgarre de vestiduras made in USA por la democracia hondureña, a más de la tenaz obcecación de los golpistas ofendidos por la incomprensión internacional, se tornan inexplicables.
La Jornada
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